¿Argenzuela?

Pedro Messore

Una recurrente idea en la cotidianeidad política y económica Argentina es la que intenta asociar el desempeño de los gobiernos de Kirchner, Cristina Fernández y, por transitividad, al de Alberto Fernández, con la situación de Venezuela chavista. Suele ser un caballo de batalla de sectores de la oposición y difundido en los medios de comunicación más grandes.

Lo cierto es que dicha argumentación se basa en una caracterización del esquema político-económico venezolano que no termina de estar del todo claro. La mayoría de las veces se utiliza dicho concepto como base de ideas un tanto difusas, que, parecieran no perseguir un fin de discusión, sino más bien, de una descalificación reduccionista. Es entonces que los conceptos suelen quedar ocultos (seguramente de forma intencional) bajo un bagaje amorfo.

Definir ese conjunto difuso de ideas es importante, ya que las críticas se asocian al hecho de que el kirchnerismo, supuestamente, coincidiría en dichos horizontes. 

Las críticas al chavismo suelen estar asociadas a variados aspectos: hechos de corrupción, clientelismo político, anulación de la democracia republicana y, sobre todo, por sus resultados y características económicas.  Es en estas donde nos basaremos para comparar ambos gobiernos. En este sentido podemos nombrar el ataque a la propiedad privada de los medios de producción, de la iniciativa privada, de la economía de mercado y los inversores financieros internacionales, las confiscaciones o expropiaciones por parte del Estado con un dominio total de la economía por parte de este último, principalmente. Algo asimilable al “socialismo” (Cabe destacarse las diferencias existentes entre los conceptos “estatización”, o “intervencionismo” y “socialismo”, que suelen tomarse como sinónimos. Dicha distinción no será tratada en esta nota, salvo como mera observación).

El objetivo no será discutir las características del “modo venezolano de producción” en sí, en su lugar contrastaremos dichas ideas con lo acontecido en Argentina, para corroborar si se condice con la mencionada situación en la nación caribeña. Es decir, si puede afirmarse que el kirchnerismo se dirigía o intentaba orientar hacia ese rumbo a nuestro país.

Argentina incurrió durante la etapa 2003-2015 en la estatización de varias empresas que, otrora, pertenecieron a la órbita estatal. Menciónese, entre otras a Aguas Argentinas (hoy Aysa), Aerolíneas Argentinas, YPF, Trenes Argentinos etc. entre los nombres más rutilantes. También puede agregarse a esta lista la estatización de los fondos de pensión en 2008, las llamadas AFJP.

Si bien, evidentemente existieron, las mismas no hablan de un afán “estatista” o de avance por sobre “la libre iniciativa privada”, ni siquiera en la totalidad de los servicios públicos: La distribución de energía sigue a cargo de privados, los cuales se vieron altamente beneficiados mediante subsidios en sus gobiernos, o por la dolarización de las tarifas en la era Macri.

Los casos de YPF y Trenes Argentinos merecen especial atención: La estatización de la primera no fue total. Se adquirió la mayoría del paquete accionario con el fin de controlar el directorio de la empresa. Pero la política productiva de su antecesora, Repsol, nunca fue cuestionada. La parcial adquisición se realizó cuando estallaron los problemas en el Balance de Pagos, donde el sector energético tenía fuerte influencia. Además, la expropiación se pagó con creces a los anteriores dueños.

Con la empresa ferroviaria, empresa sociedad del estado que vino a reemplazar a las antiguas concesionarias de las líneas Mitre, Sarmiento, Roca y Belgrano Sur, el cambio de manos se realizó una vez consumada la tragedia de la Estación de Once de Septiembre, en febrero de 2012.

Con lo cual, las estatizaciones fueron realizadas o bien, en sectores que antiguamente se gestionaban estatalmente. Pero cabe destacar que no todas las empresas que ingresan en dicho universo fueron devueltas a la órbita estatal y, algunas de las efectivamente re- estatizadas, fueron por la mala gestión de estos como concesionarios y bajo la influencia de determinadas coyunturas. Por lo demás, huelga decir que dichas expropiaciones fueron abonadas a sus anteriores dueños, din ánimo de discutir la política de desinversión llevada adelante por aquellos. Las expropiaciones por esta vía no son un ataque a la propiedad privada, como suele acusarse.

Pero en la Argentina, durante el kirchnerismo, no hubo ningún avance sobre la propiedad de particulares. Puede mencionarse que no hubo ningún tipo de avance sobre la propiedad del principal sector productor argentino: el sector agrícola-ganadero. Esto va más allá de la fallida resolución 125, la cual se había puesto como objetivo escindir los precios internacionales de los productos gravados de su reflejo en el mercado interno. En Venezuela, sin embargo, el principal bien producido y exportable esta en manos integras del Estado: el petróleo.

Se sabe que aun en contextos de democracias liberales, capitalistas y occidentales, este tipo de expropiaciones son moneda corriente: Se recuerda al gobierno de Barack Obama comprando la mayoría del paquete accionario de la General Motors durante la crisis de 2008-09. Y, más aún, qué decir del caso chileno donde el cobre, principal mercancía exportable, es propiedad pública a través del ejército. Con lo cual, vemos que este tipo de medidas no necesariamente se toman por sectores o países enfrentados a la lógica privada de acumulación.

Por otro lado, si bien se mantuvieron relaciones tensas con los organismos multilaterales de crédito y se fue reticente a contraer deuda externa con estos o acreedores privados, esta conducta se sostuvo mientras fue medianamente posible sustentar el ciclo económico con excedentes del comercio exterior. Cuando estos no fueron suficientes, se intentó retomar el sendero del crédito externo, intentando solucionar los litigios con los holdouts. No por nada el gobierno de Cristina Kirchner se jactaba de ser “pagador serial”. Dicho episodio no fue aislado: entre 2005 y 2010 se avanzó en la renegociación de pasivos que el país sostenía posterior a la declaración de default de Rodriguez Saá. Nunca existió intento alguno de repudio de esta.

En este sentido, sostenemos que los gobiernos kirchneristas no han sido enemigos de la propiedad privada de los medios de producción, ni algo así como un confiscador recurrente, o enemigo de los mercados como intenta sostenerse. En su lugar, ha tendido a confiar en el sector privado y su desempeño como factor económico en general. Las estatizaciones han sido por asuntos puntuales y no una regularidad en su accionar. Tampoco lo fue con los inversores y acreedores del país o a la hora de pagar las expropiaciones.

Sí hubo asuntos en los cuales ambos países coincidieron, estos son de carácter geopolítico. Es decir, respecto a asuntos de política exterior, en los cuales se comportaron aliados. Puede mencionarse el rechazo a los tratados de libre comercio en la región (ALCA) y la creación de UNASUR Y CELAC. Pero no existen dichas coincidencias en el plano interno.

Visto y considerando lo desarrollado hasta acá, diremos que la caracterización aplicada al kirchnerismo no es pertinente. Pareciera ser, más bien, un ariete de ciertos sectores de la oposición y medios de comunicación. Esto, además de un intento de simplificación absurda y burda, no se condice con los hechos.

Por lo tanto, una discusión profunda y seria sobre las problemáticas sociales, políticas y económicas debe partir de los conceptos indicados y bien definidos. Sea cual fuere la postura ideológica que se tome a priori o a posteriori. De esta manera también se evita de construir o debatir a través de prejuicios o conceptos erróneos. Así es más factible se pueda avanzar en una mejor y profunda comprensión analítica de la situación y perspectivas.